lun. Nov 11th, 2019

Intentan confundir muertes en el campo

Un informe titulado «Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina» fue entregado a a la Organización de Estados Americanos (OEA) por miembros de la Alianza Cívica, para denunciar una serie de crímenes ocurridos en el sector rural del país, de los cuales -sin embargo- hay versiones contradictorias.

El texto, fechado en septiembre de 2019 fue elaborado por Gonzalo Carrión, Wendy Flores y Mónica López, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Y aunque presenta detalles sobre crímenes ocurridos en el campo, traslada hechos ocurridos hace años y no vinculados a la situación actual.

Según fuentes consultadas por Carta Bodán, en el documento aparecen nombres vinculados al narcotráfico, abigeatos y asesinatos, actualmente mostrados como «víctimas» de hechos políticos. En el documento se presentan 55 casos de asesinatos, pero sólo se explican 26 acontecimientos, de los cuales se responsabiliza al Ejército en 18 de ellos.

Los casos

Juan Gabriel Cordero declaró ante el Colectivo de Derechos Humanos que fue herido por arma de fuego en sus rodillas cuando huía del Ejército. Supuestamente, tropas uniformadas fueron a buscarlo a su casa días después de la denominada «operación limpieza».

«Según la esposa de Cordero, los militares capturan a su hijo de 14 años de edad en el campo, lo amarraron y lo obligaron a guiarlos a su casa, donde se encontraba ella con sus otros 7 hijos, entre las edades de 1 a 14 años de edad. Todos ellos fueron amenazados con armas de fuego para obligarlos a salir de la vivienda, con excepción de una niña de 7 años de edad que se encontraba muy mal de salud y falleció tres días después de este incidente», citó el texto presentado ante la OEA.

Sin embargo, no se detalla lugar, fecha y nombres de los afectados ni detalles de los mismos.

«Yajob»

Otro caso referido en el informe es el de José Gabriel Garmendia «Yajob». El documento elaborado por Carrión y compañía refiere que en febrero de 2011 fue asesinado por un francotirador cuando se encontraba en una finca de la zona de Santa Teresa del Kilambé en el municipio de El Cuá.

«Tanto el Ejército como la Policía vincularon a Yajob con una banda dedicada a los secuestros, extorsiones y asaltos; justificando el acto y sin hacer absolutamente nada por esclarecer su muerte», reclaman los miembros de la sociedad civil.

Pero el diario La Prensa, el 29 de marzo de 2011, publicó una nota en la cual adjudicó el móvil de dicha muerte a rencillas personales con el dueño de la finca José Luis Dávila, sitio donde se encontraba «Yahob», quien -además-, fue señalado por la Policía de asesinar a Pedro José Castellón Moreno en la comunidad La Palanca.

«El Flaco»

El documento «Situación de los Derechos Humanos de la Población Campesina» también consigna que «la persecución y el asedio de la Policía y el Ejército en el campo, provocó que muchos campesinos que estuvieron alzados en armas se refugiaran en Honduras». Y fue así como, según los autores de dicho informe, el 22 de diciembre de 2013, Alberto José Midence López conocido como «El Flaco», fue asesinado a balazos en la Colonia San Juan, ciudad fronteriza de El Paraíso, Honduras.

Medios de comunicación hondureños tienen otra versión de los hechos. El 23 de diciembre de 2013, el diario El Heraldo, de Honduras, citó a un testigo que presenció el hecho y miró a un sujeto que platicaba con Midence López dispararle en reiteradas ocasiones.

Además, Midence López –según los archivos de la Policía Nacional- fue procesado por los delitos de estelionato, robos, lesiones graves, crimen organizado, tráfico y almacenamiento de sustancias de uso restringido.

La «mochila»

Otro hecho grave, según el documento presentado ante la OEA, fue el «asesinato» ocurrido el 20 de enero de 2015 contra tres personas en una finca ubicada en la comunidad El Portal, municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega. El texto informa que murieron dos personas desconocidas producto de la explosión de una bomba que les habían enviado en una mochila como si se tratara de una encomienda.

«La tercera persona asesinada una hora después fue Modesto Duarte Altamirano, el dueño de la propiedad donde ocurrió la explosión, quien se presentó al lugar del hecho y fue capturado por las tropas del Ejército que estaban en el lugar y posteriormente apareció muerto, presentando dos orificios de bala y fractura en su brazo y pie derecho. Según testigos, Modesto, fue ejecutado por los militares que llegaron al lugar minutos después de la detonación», afirman Carrión, Flores y López.

Sin embargo, el canal de televisión 100% Noticias informó que este hecho fue resultado de un enfrentamiento entre delincuentes nicaragüenses y hondureños vinculados al tráfico de droga. Por su lado, el Ejército informó que no tenía tropas en dicho lugar cuando ocurrieron los hechos.

Otra ejecución

El documento alega que Andrés Cerrato, promotor de paz de la comunidad de San Martin de Daca, Ayapal, después de haber denunciado el acoso del Ejército, fue ejecutado la madrugada del 18 de abril de 2016.

Sin embargo, el 16 de abril de 2016, el diario La Prensa publicó una entrevista realizada con Cerrato en la que afirma haberse reunido con miembros del Ejército para abordar la presencia de elementos delincuenciales en la zona y no mencionó ningún acoso de parte de las fuerzas castrenses.

El caso «Nahúm»

El 6 de noviembre de 2016, día de elecciones nacionales, se dio un hecho violento en el cerro El Coyol, comunidad de las Magdalenas, Ciudad Antigua, Nueva Segovia en el que murieron José Nahúm Mendoza Arriola de 47 años de edad, Margarito Mendoza Sevilla de 35 años de edad, y Santos Pérez López, de 19 años, cita el documento presentado ante la OEA.

En el caso de José Nahúm, su esposa refirió que tenía 6 meses de haberse alzado en armas en contra del Gobierno porque el Ejército y la Policía llegaban hasta la finca buscándolo y que por miedo dormía en la montaña. Pero según las declaraciones de los pobladores, las muertes ocurrieron como consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército.

Sobre este hecho la Policía Nacional señaló que los fallecidos estaban involucrados en actividades de trasiego de marihuana de Nicaragua a Honduras y durante una transacción de droga se dio el hecho. En el lugar la Policía Nacional ocupó 2 fusiles AK, 1 escopeta y 16.4 kilogramos de marihuana.

Más denuncias

De acuerdo al documento presentado ante la OEA, el 12 de noviembre de 2017 en la comunidad San Pablo 22, en la Cruz de Rio Grande (RACCS), fueron ejecutados en un operativo militar seis personas, entre ellos dos menores de edad, Yojeisel Elizabeth, 16 años de edad y Francisco Alexander, de 12, los cuales se encontraban con su padre Francisco Dávila Pérez, alzado en arma contra el gobierno. La niña se encontraba con señales de haber sido violada, según el texto. El Ejército afirmó que se trató de un enfrentamiento entre delincuentes y militares. Según Elea Valle, madre de los niños y esposa de Dávila Pérez, su esposo había sido perseguido por el Ejército por ser hermano de «Colocho».

La versión oficial manifiesta otra cosa. El 12 de noviembre de 2017 en la comunidad de San Pablo 22, 18 kilómetros al Noreste de San Pedro del Norte, una patrulla del Ejército de Nicaragua sostuvo intercambio de disparos con elementos delincuenciales liderados por el delincuente Rafael Dávila Pérez «Colocho», resultando 6 delincuentes fallecidos y a quienes se les ocupó 4 fusiles Ak, 2 escopetas calibre 12, municiones de fusiles Ak y escopetas así como 20 libras de marihuana.

Distintos medios de comunicación aseguraron que los fallecidos eran parte de un grupo delincuencial que incidía en la zona. Adicionalmente, «Colocho» tenía antecedentes de asesinato, quema y daño agravado, secuestro, entre otros delitos.

Casos recientes, también desmentidos

Según el informe presentado a la OEA, «la persecución alcanzó a víctimas que huían de la persecución en Nicaragua, como los asesinatos de tres refugiados en Honduras (Edgard Montenegro, Jalmar Zeledón Montenegro y Francisco Sobalvarro) y 1 en Costa Rica (Pocosol) que fue abatido según autoridades costarricenses por militares del Ejército de Nicaragua»”.

Pero sobre estos hechos ocurridos en Honduras medios de comunicación de ese país y de Nicaragua se refirieron en su momento. El 28 de junio de 2019, el diario hondureño La Tribuna publicó un artículo sobre la muerte de Edgar Montenegro «El Cabezón» y Yalmar Zeledón Olivas en la Aldea Germania, municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras. «Las primeras investigaciones determinan que el hecho se habría producido por enemistades personales ya que según versión de los familiares, las víctimas tenían enemigos en su país», citó dicho periódico.

Adicionalmente, se conoce que «El Cabezón», de acuerdo a registros policiales, tenía antecedentes por el delito de asesinato, siendo esta la razón por la que se encontraba huyendo en Honduras, al encontrarse una causa abierta en su contra. Y la Policía Nacional lo señala como autor de la muerte de Héctor Moreno Centeno, policía voluntario en el municipio de Wiwilí, Jinotega.

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