Ortega: «Que se lleven a sus mercenarios»

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó esta tarde en un mensaje a la nación transmitido en cadena nacional de radio y televisión, que su gobierno no solicitó ninguna concesión a la administración norteamericana por la deportación de 222 «mercenarios», que permanecían encarcelados en distintos sistemas penitenciarios del país.

Rodeado de la Comandancia del Ejército, miembros de la jefatura de la Policía Nacional, y los jefes de los poderes del Estado, Fiscalía, Gobernación y Cancillería, Ortega relató en su intervención el minucioso y riguroso proceso por medio del cual salieron del país las personas condenadas por «traición a la patria».

«Que se lleven a sus mercenarios. No estamos pidiendo nada a cambio, es un asunto de dignidad. No queremos ningún rastro de los mercenarios en este país. Aquí no ha habido ninguna negociación, porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia», dijo Ortega en tono firme, desmintiendo de esta manera cualquier negociación diplomática con el gobierno estadounidense.

«Ahora que salieron los golpistas, respiramos más claro»

Ortega relató que inicialmente no esperaban una reacción positiva de parte de las autoridades de los Estados Unidos, por lo que consultaron con reservas al embajador norteamericano acreditado en el país, Kevin Sullivan, sobre la posibilidad de liberar a los detenidos y trasladarlos a suelo estadounidense. El diplomático consultó a sus superiores del Departamento de Estado, los que a su vez preguntaron a las altas esferas de su gobierno, y así todo inició.

Las autoridades norteamericanas consultaron cuántos detenidos liberaría el gobierno sandinista y éste le respondió que todos. Dos no aceptaron salir del país y otros cuatro fueron rechazados por los propios Estados Unidos. El mandatario reveló que luego de la concertación de la liberación de los 222, todo el proceso fue realizado profesionalmente y en secreto por ambas partes para no revelar detalles al público y «no quedar en rídiculo».

«Este es un mensaje para la paz, la estabilidad, para que el pueblo nicaragúense esté convencido que todo lo que hacemos es para asegurar la paz. Y de parte del gobierno de los Estados Unidos no hemos pedido absolutamente nada, esto no es un trueque: esto es un asunto de principios, de dignidad», insistió el mandatario. Y explicó el destino final de los deportados: «Están retornando a un país que los ha utilizado, sus gobernantes, para sembrar el terror, la muerte, la destrucción, aquí en Nicaragua. Ahora que salieron los golpistas, los mercenarios, respiramos más claro, gracias a Dios».

Alvarez no quiso subir al avión

El mandatario consignó con lujo de detalles el motivo por el cual Monseñor Rolando Alvarez no llegó a Washington. Resulta que el purpurado pidió, en las escalinatas del avión, reunirse con los obispos del país, lo cual contravino el ambiente de armonía que -según la amplia exposición del mandatario- reinaba en la terminal momentos antes de que la aeronave dejara suelo nicaragüense. Autoridades de migración, policías, pilotos, personal de vuelo, diplomáticos estadounidenses, entre otros funcionarios, siguieron un estricto protocolo y todo se realizaba en orden, de acuerdo a Ortega. Hasta que Alvarez estalló, razón por la cual fue enviado directamente al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como «La Modelo».

«Ahora que llegó a la Modelo, llegó como un energúmeno. No acepta ni siquiera que lo metan donde hay centenares de presos. Yo conozco bien esas celdas, viví en esa celdas más de siete años y un mes, no es para morirse, estás en una celda y se acabó. Pero como se le tenía en su casa, se le hacían comidas especiales todos los días, llegaban los médicos dos veces al día, llegaban las hermanas a concinarle…», contó Ortega.

Y disparó una ráfaga de críticas directas al religioso: «Vivía en una mansión, no es que vivía en una casita para el pueblo, como en la que vivía el cardenal (Leopoldo) Brenes, allá en Altagracia, muy humilde. El vive en una mansión. Entonces, está irritado porque ahora sí está en la prisión. Este es el caso de este señor. Es la rabia de no acatar la decisión de las autoridades y estado nicaragüenses, porque él de buena gana se va a Miami, a juntarse a despotricar con Báez y compañía. Pero como es el estado nicaragüense el que le está ordenando la deportación, ahí la rabia y la furia», señaló.

Murillo: «Con la paz no se juega»

Luego de las palabras de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo atribuyó la liberación de los reos a que su gobierno es capaz de «ser generoso en el triunfo de la paz, en nuestra Nicaragua bendita». Destacó los «nuevos tiempos, nuevos días para fortalecernos alrededor del trabajo y las urgencias y soluciones que debemos encontrar las familias nicaragüenses para ir avanzando, caminando en paz y bien, en buen corazón y buena voluntad, y seguir resolviendo los temas pendientes».

«Quiero en estas horas de agradecimiento a Dios, de proclamación de nuestra fe y nuestras esperanzas, también enviar un saludo a las familias de las personas que estaban detenidas por tración a la patria. ¿Qué culpa tienen los niños, los abuelitos, las madres?», se preguntó la vicemandataria. «Siempre dijimos que con la paz no se juega, porque con odio nunca más, por eso decimos: no pudieron ni podrán. Aquí renia Jesús por siempre, sepamos todos reflexionar, valorar y ser cada vez mejores, y trabajar con más empeño, y agradecer a Dios para adelante, porque es nuestro el provenir», señaló.

«Es necesario que todos pensemos que como nicaragüenses, por gracia de Dios, somos una famiilia y tenemos virtudes, valores y una identidad, nuestra de todos, que nos acerca y nos reúne para proclamar la paz, seguir afianzando la paz, para que esa paz que tenemos, porque tenemos patria y la amamos, se extienda y sepamos resguardarla todos los días para que nunca, nunca más se atrevan a jugar con ella», finalizó.

La reforma constitucional

La noticia de la deportación causó un terremoto político en el país, que se desayunó a tempranas horas del vuelo inesperado a Washington. De ahí todo sucedió en horas. La Asamblea Nacional aprobó en la primera de dos legislaturas una reforma a la Constitución Política que establece que aquel nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados «traición a la patria» perderá la calidad de nacional nicaragüense.

La reforma constitucional fue presentada con trámite urgente por los 74 diputados sandinistas que son mayoría absoluta en el Parlamento. El artículo constitucional reformado, el 21, que debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir el próximo año, establece que «la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense».

Esta reforma fue aprobada este jueves en primera legislatura con el voto de 89 de los 91 legisladores. Posteriormente los diputados aprobaron, también con carácter urgente, la «Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense». Según su artículo 1, esa legislación «tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua».

Inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos

Así, se establece que «las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense». La autoridad judicial será la competente para aplicar la presente Ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la norma aprobada.

En la exposición de motivos, los legisladores sandinistas recordaron que la Constitución Política, en el artículo 1, estipula que todo nicaragüense debe preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, precisó la agencia EFE. También que la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz establece las acciones que lesionen los intereses supremos de la nación, «por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria, sin perjuicio a las acciones penales establecidas en el Código Penal».

El grupo de 222 deportados, incluido 5 sacerdotes, fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular. Los 222 prisioneros fueron expulsados a Estados Unidos «por traidores a la patria», según detalla la sentencia. La resolución leída por el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh, también ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.